07/07/1986
Asesinato del magistrado Hernando Baquero Borda

El 6 de noviembre de 1985, el día de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el magistrado Hernando Baquero Borda, se encontraba por fuera recibiendo un curso. Foto: El Mundo

En la mañana del 31 de julio de 1986, el magistrado Hernando Baquero Borda fue asesinado por sicarios del Cartel de Medellín cuando se movilizaba con su esposa, Susana Sampedro, y sus escoltas, por el norte de Bogotá.

En el trayecto hacia la oficina del magistrado fueron interceptados por tres motociclistas que dispararon en contra del vehículo en el que viajaba y la motocicleta que los escoltaba, conducida por el cabo segundo de la Policía, Ramiro de Jesús Villa Bustamante. Las balas impactaron a Baquero Borda, quien, en un intento por proteger su vida, se tiró del carro.

Las otras víctimas mortales fueron Luis Evelio Arana Jaimes, miembro del grupo de escoltas y Humberto Bolívar Botía, un obrero que trabajaba en el sector. A raíz del atentado resultaron heridos: la esposa del magistrado, tras recibir tres disparos en el hombro derecho; el conductor, Pablo Emilio Parra; el cabo segundo de la Policía, Ramiro de Jesús Villa Bustamante y el celador de un edificio del sector.

Amenazas a juristas

“La muerte violenta de múltiples magistrados y jueces representa un signo inequívoco de disolución social”, Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo. El Espectador, 2 de agosto de 1986.

Hernando Baquero, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, había recibido amenazas de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín por ser el principal promotor y redactor de la Ley de Extradición suscrita con el gobierno de Estados Unidos, que se creó a principios de los años noventa.

Después de la toma del Palacio de Justicia se evidenció la vulnerabilidad y desprotección en que se encontraban los juristas del país. Desde 1982, cuando se posesionó el presidente Belisario Betancur, hasta el 31 de julio de 1986, fueron asesinados varios integrantes de la rama judicial, entre ellos el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, 13 magistrados de la Corte Suprema, 20 jueces y algunos abogados.

La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al presidente Belisario Betancur sobre los asesinatos e intimidaciones de los que estaban siendo víctimas sus funcionarios. Como acto de protesta, el 1 de agosto de 1986, por primera vez en la historia de Colombia, cesaron sus labores todos los jueces, las salas y tribunales del país.

En 1994, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sentenció al Estado como responsable del homicidio de Baquero, y lo condenó a pagar una indemnización a su familia. A su juicio, la muerte de Baquero se dio por una falla en el servicio, pues el magistrado no se movilizaba en un vehículo blindado, ni tenía la protección estatal necesaria.

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