28/07/1989
Asesinato de la jueza María Elena Díaz

Díaz aseguró que existían pruebas suficientes para concluir que Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha financiaba el sicariato en el Magdalena Medio. Foto: El Colombiano

La jueza María Elena Díaz y sus dos escoltas fueron asesinados en Medellín, en medio de un ataque sicarial ordenado por Pablo Escobar. La vinculación del narcotraficante a diferentes procesos judiciales fue su sentencia de muerte.

El 28 de julio de 1989, a las 12:30 de la tarde, un grupo de sicarios enviados por Pablo Escobar interceptó el vehículo en el que se movilizaba la jueza Tercera de Orden Público, María Elena Díaz Pérez. Los criminales dispararon más de 60 tiros de fusil que le provocaron la muerte a ella y a sus dos escoltas: Dagoberto Rodríguez y José Alfonso de Lima. Su secretaria, el conductor y un agente del F-2, que viajaba en una motocicleta escoltándolos, resultaron gravemente heridos.

Hallazgos que incomodaban

Díaz Pérez estuvo al frente de procesos judiciales en los que su determinación y firmeza incomodaron a los narcotraficantes. Se encargó de la investigación de la masacre campesina de Punta Coquitos, sucedida en 1989 en Turbo, en el Urabá antioqueño. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y varios policías fueron señalados como los responsables de este acto.

El asesinato de la doctora María Elena Díaz Pérez, Juez Tercera de Orden Público de Medellín, es un oprobio que clama justicia de Dios y de los hombres”, pronunciación de los funcionarios judiciales de Bogotá.

Díaz se negó a revocar, por petición de otra funcionaria, la detención preventiva de los responsables. Por el contrario, días antes de su muerte, y en medio de otros procesos, afirmó que existían pruebas suficientes para concluir que Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha enviaban dinero producto del narcotráfico a sicarios que operaban en el Magdalena Medio.

Un trabajo impecable

María Elena Díaz asumió el cargo de jueza de Orden Público el 1o de septiembre de 1987, en reemplazo de otra funcionaria que renunció para proteger su vida de las amenazas. Desde 1975 hacía parte de la rama jurisdiccional, fue juez en los municipios de Angelópolis, Andes y Santuario, en Antioquia.

Por su honestidad y rectitud, el Ministerio de Justicia le otorgó una beca en Italia para que se especializara en Criminología, días antes de su muerte, estaba tramitando este viaje.

La justicia se desangró

En solidaridad con su muerte y para exigirle al Gobierno Nacional mayores garantías, más de dos mil funcionarios de la rama judicial cesaron sus actividades. El Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia pidió que el país hiciera una “serena reflexión sobre la gravedad del momento que vive la Nación y de manera particular la Administración de Justicia, convertida en víctima propiciatoria de una ola de violencia mezquina que solo deja luto y dolor en hogares inermes”.

Para detener esta escalada violenta, el Gobierno Nacional se comprometió con aumentar el número de escoltas para los jueces, sin embargo, la capacidad destructiva de los narcotraficantes era capaz de penetrar cualquier esquema de seguridad.

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